Defensa legal especializada en delitos contra la libertad y cometidos por funcionarios
En AF Abogados, nos especializamos en ofrecer una defensa legal especializada en casos relacionados con delitos contra la libertad y aquellos cometidos por funcionarios. Estos delitos abarcan una variedad de conductas graves que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, y cuya responsabilidad puede recaer sobre individuos que, por su posición, tienen el poder y el deber de garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
¿Qué son?
Los delitos contra la libertad incluyen una serie de delitos que atentan directamente contra la libertad individual, la integridad y la seguridad de las personas. Este tipo de infracciones, dependiendo de su naturaleza, pueden ser muy graves, ya que atentan contra uno de los derechos humanos más fundamentales: la libertad personal.
Tipología de Delitos contra la libertad
Entre los más comunes se encuentran:
Detención ilegal
Consiste en privar a una persona de su libertad sin justificación legal. Es una de las infracciones más graves y puede ser realizada tanto por individuos como por autoridades públicas que abusen de su poder.
Coacción
Implica ejercer violencia, amenazas o presión psicológica para obligar a una persona a realizar una acción contra su voluntad. Este delito puede darse en diversos contextos, incluidos los laborales, familiares o comerciales.
Amenazas
Utilizar amenazas de violencia o daños graves contra alguien con el fin de controlar su comportamiento también es considerado un delito contra la libertad, ya que viola la seguridad psicológica y emocional de la víctima.
Tráfico de personas
La trata de personas, especialmente en sus manifestaciones más crueles, como la explotación sexual o laboral, es un delito grave que atenta directamente contra la libertad y dignidad de las personas afectadas.
Delitos Cometidos por Funcionarios
En el ámbito de los delitos cometidos por funcionarios públicos, las leyes españolas castigan aquellas conductas delictivas realizadas por personas que, debido a su posición en el ámbito público, tienen el deber de servir al interés general y de garantizar el cumplimiento de la ley. Los funcionarios que cometen delitos violan la confianza depositada en ellos y perjudican gravemente a la sociedad. Entre estos delitos se incluyen:
Abuso de poder
Consiste en que un funcionario utilice su poder o cargo para obtener un beneficio personal o para perjudicar a un ciudadano. Un ejemplo claro de este delito sería un funcionario que manipula un proceso administrativo para beneficiar a alguien cercano.
Prevaricación
Cuando un funcionario toma una decisión injusta o arbitraria en el ejercicio de sus funciones, sabiendo que es ilegal. Este delito es grave porque atenta contra la administración pública y la justicia.
Torturas o trato cruel
En casos extremos, un funcionario público, como un miembro de la policía o un funcionario penitenciario, puede incurrir en este delito si inflige dolor físico o psicológico a una persona bajo su custodia, violando derechos fundamentales.
Negligencia en el ejercicio del cargo
Consiste en el incumplimiento grave de las funciones o deberes establecidos por la ley. Si un funcionario actúa con negligencia y ello causa daños a los ciudadanos, puede ser responsable penalmente.
Consecuencias Legales de estos Delitos
Los delitos contra la libertad y aquellos cometidos por funcionarios públicos están sujetos a severas sanciones legales. Las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del delito, pero generalmente incluyen:
- Prisión: Las penas de prisión por estos delitos pueden ser sustancialmente largas, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales.
- Inhabilitación: En el caso de los funcionarios públicos, además de las penas de prisión, puede imponerse una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante un tiempo determinado.
- Multas: Algunos de estos delitos pueden implicar multas económicas o sanciones complementarias.
- Compensación a la víctima: En casos de detenciones ilegales, coacciones o abusos, la persona afectada puede tener derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos.